En una sentencia emitida hoy por la Sala Segunda de lo Penal de la Superior Court of San Andreas, el fallecido Ludovico Matamoros ha sido condenado póstumamente a 10 años de prisión y $24,000 de multa por homicidio involuntario, amenazas y ejercer ilegalmente como funcionario público.
La sentencia, dictada por el Honorable Judge Kyle Marcus, determina que Matamoros, quien trabajaba como Emergency Medical Technician (EMT) para el San Andreas Fire Department (SAFD), causó la muerte de Michael Ross el pasado 21 de septiembre tras una grave negligencia médica.
Los hechos
Según el informe forense y la investigación del Los Santos County Sheriff Department, Matamoros atendió directamente a Ross cuando este ingresó en estado crítico en urgencias, pese a que sus funciones como EMT no incluían la atención directa de pacientes en el hospital y había personal médico cualificado de guardia disponible.
El Undersheriff Yuri Lenkov declaró durante el juicio que Ross ya se encontraba en estado muy grave al llegar al centro médico, aunque el tribunal concluyó que Matamoros debió solicitar la intervención de personal cualificado en lugar de actuar por su cuenta.
Una sentencia póstuma que genera dudas
La peculiaridad del caso radica en que Ludovico Matamoros falleció antes de que se dictara sentencia, lo que convierte esta resolución judicial en meramente simbólica desde el punto de vista penal. La condena de 10 años de prisión no podrá cumplirse, aunque las consecuencias económicas recaerán sobre su patrimonio.
El tribunal ha ordenado que el patrimonio de Matamoros abone $320,000 al SAFD y $100,000 a la familia Ross en concepto de indemnización. Sin embargo, surgen interrogantes sobre la viabilidad de estos pagos: ¿dejó Matamoros bienes suficientes? ¿Quién responderá si el patrimonio resulta insuficiente? ¿Pueden los herederos renunciar a la herencia para evitar las deudas?
Fuentes jurídicas consultadas por Weazel News explican que, en estos casos, las indemnizaciones solo pueden cobrarse hasta donde alcance el patrimonio del fallecido, y los herederos no están obligados a responder con su propio dinero si aceptan la herencia "a beneficio de inventario" o directamente la rechazan.
También condena para el SAFD
En un giro inesperado, el Judge Marcus también sancionó al San Andreas Fire Department con una multa de $25,000 por "falta de supervisión del personal", señalando que "no es su primer incidente grave" y ordenando que refuercen sus protocolos de formación y supervisión.
Cargos desestimados
El tribunal desestimó varios cargos, entre ellos el de "delito de odio" relacionado con mensajes en redes sociales que Matamoros habría publicado contra el demandante. El juez consideró que, amparado por el derecho constitucional a la libertad de expresión, el acusado simplemente expresaba "su frustración" y no incitaba al odio generalizado.
También se descartó el cargo de falsedad documental, ya que la omisión del informe de defunción se consideró "un incumplimiento del protocolo del SAFD" pero no un delito penal.
Inhabilitación profesional sin efecto
La sentencia incluye además una inhabilitación de 15 años para ejercer cualquier cargo público, medida que tampoco tendrá aplicación práctica dado el fallecimiento del condenado, pero que queda registrada en su historial judicial.
El caso ha generado un intenso debate sobre la efectividad de las sentencias póstumas, la responsabilidad institucional del SAFD y los límites de la responsabilidad patrimonial de los difuntos.
La familia Ross ha expresado su satisfacción por el reconocimiento judicial de la negligencia que causó la muerte de su ser querido, aunque reconocen la incertidumbre sobre si llegarán a cobrar la indemnización completa.
Podéis visitar la resolución completa aquí.