En una filtración exclusiva obtenida por Weazel News, ha salido a la luz un borrador de orden ejecutiva que estaría a punto de ser promulgado por el gobernador John Harrison. Titulada “Soberanía Judicial del Estado de San Andreas”, la medida implicaría la creación de un único tribunal con sede en Los Santos, al que se le otorgaría competencia exclusiva sobre todas las órdenes judiciales solicitadas por las San Andreas Security Forces (SASF), incluyendo detenciones, registros, intervenciones y operaciones tácticas.

Aunque en el documento se alude a la necesidad de “garantizar la supervisión judicial efectiva”, la concentración de poder en un solo juzgado ha encendido alarmas entre analistas y juristas, que ven en esta medida un potencial debilitamiento de los contrapesos institucionales.

“El hecho de que todas las autorizaciones deban pasar por un único juez designado por el Ejecutivo genera una dependencia peligrosa”, señala una fuente del Colegio de Abogados de San Andreas, que ha pedido mantenerse en el anonimato. “Se rompe el principio de pluralidad judicial y se crea una puerta trasera para que el poder político influya indirectamente en decisiones clave que afectan derechos fundamentales.”

La orden ejecutiva, aún no publicada oficialmente, también contempla que el juez sea designado directamente por el Departamento de Seguridad, Interior y Justicia, lo cual ha sido interpretado por algunos como una forma de control indirecto. A pesar de que el texto menciona que el magistrado actuará con “plena independencia”, el nombramiento por parte del Ejecutivo genera suspicacias en cuanto a su verdadera autonomía.

Además, el carácter transitorio del tribunal como único competente no cuenta con una fecha límite ni con un plan concreto para establecer una estructura judicial territorial más amplia, lo que podría perpetuar esta centralización.

Desde la oposición, aunque aún no hay declaraciones oficiales, algunos legisladores han expresado su preocupación por lo que consideran “una arquitectura judicial a la medida del Ejecutivo”.

El gobernador Harrison, conocido por su estilo directo y mano firme en materia de seguridad, ha defendido en anteriores ocasiones la necesidad de dotar a las SASF de mayor agilidad operativa. No obstante, esta supuesta orden ejecutiva podría suponer un punto de inflexión en la separación de poderes del Estado.

Por ahora, el documento filtrado sigue siendo un borrador. Pero si se confirma su aprobación en los próximos días, San Andreas podría estar ante el mayor reordenamiento judicial desde la reforma constitucional de 2012.