El recientemente anunciado Protocolo ITSP-27, impulsado por el Los Santos Police Department (LSPD) y las San Andreas State Forces (SASF), ha generado expectativas dentro de los cuerpos de seguridad, pero también preocupaciones entre analistas y defensores de los derechos civiles. El documento, aún sin fecha de entrada en vigor, regula el despliegue inmediato de la División SWAT en apoyo a unidades del LSPD durante situaciones críticas.
El objetivo declarado del protocolo es “garantizar la protección de vidas y permitir una intervención táctica eficaz” cuando los recursos del LSPD resulten insuficientes. Sin embargo, varios aspectos del texto han levantado críticas por su vaguedad y posible exceso de discrecionalidad.
¿Protocolo o carta blanca?
Una de las cláusulas más controvertidas es la que permite al mando SWAT autorizar el despliegue sin que se cumplan los criterios formales establecidos —como desventaja numérica, armamento superior o presencia de explosivos— siempre que exista un “riesgo táctico significativo”. Esta ambigüedad ha sido interpretada por expertos como una puerta abierta a interpretaciones subjetivas y potenciales abusos operativos.
“Estamos frente a un protocolo que otorga poder extraordinario a un solo mando, sin contrapesos inmediatos. Se habla de revisiones internas posteriores, pero no hay ninguna obligación de rendición de cuentas real y pública”, señala Laura Méndez, experta en seguridad y uso proporcional de la fuerza.
Mando automático y sin contrapesos
Otro punto delicado es que, una vez activado el ITSP-27, el mando operativo pasa automáticamente al SWAT, incluso si los agentes del LSPD están ya manejando la situación. Esto ha generado inquietud sobre posibles conflictos de jurisdicción y pérdida de autonomía de las unidades locales.
“¿Qué pasa si hay diferencias tácticas entre unidades? ¿Qué garantías hay de coordinación real?”, cuestionan desde algunos sectores del propio LSPD que, en privado, han expresado dudas sobre cómo se aplicará en terreno este nuevo marco de intervención.
Falta de transparencia posterior
El protocolo también establece que, tras la intervención, el mando SWAT solo debe enviar un “mensaje breve” informando hora, ubicación y justificación. No se exige un informe detallado salvo que se solicite expresamente, lo cual limita la trazabilidad y dificulta el control ciudadano o institucional sobre el uso de la fuerza.
¿Solución o riesgo?
Mientras las autoridades destacan que el ITSP-27 permitirá respuestas más rápidas y eficaces ante amenazas complejas, sus detractores advierten que, sin controles externos y con una redacción ambigua, el protocolo podría derivar en despliegues desproporcionados o innecesarios, afectando derechos fundamentales y generando tensiones interinstitucionales.
Por ahora, el protocolo sigue a la espera de una fecha oficial de entrada en vigor, pero el debate en torno a su contenido ya ha comenzado.