El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que busca imponer una serie de restricciones y regulaciones al sistema de pagos por derechos de nombre, imagen y semejanza (NIL) en el deporte universitario, calificándolo como “un caos total” que, según él, pone en peligro la integridad de las competencias estudiantiles.

La medida, titulada "Ley de Equidad y Responsabilidad en el Deporte Universitario", apunta a frenar lo que Trump describió como “un mercado salvaje” en el que universidades y empresas están utilizando los acuerdos NIL como herramientas de reclutamiento, desviando el foco del rendimiento académico y deportivo.

“Los atletas universitarios deben ser estudiantes, no mercenarios”, declaró Trump durante una conferencia de prensa desde su resort en Bedminster, Nueva Jersey. “Vamos a traer orden a este sistema corrupto y garantizar que el deporte universitario siga siendo limpio, competitivo y justo”.

📌 Puntos clave de la orden ejecutiva:

• Prohibición de pagos NIL como herramienta de reclutamiento: Se limitará la posibilidad de ofrecer compensaciones antes de que el atleta haya firmado con una institución.

• Universidades de altos ingresos obligadas a financiar deportes no rentables: Escuelas con ganancias considerables deberán garantizar fondos para disciplinas menores o menos lucrativas.

• Clarificación del estatus legal de los atletas: Se solicitará al Departamento de Trabajo y al Congreso definir si los atletas deben ser considerados empleados, algo que podría afectar su acceso a beneficios y sindicalización.

• Estándares nacionales para contratos NIL: Las instituciones deberán registrarlos públicamente y cumplir con estándares de transparencia fiscal y contractual.

La orden ha generado divisiones en el ámbito deportivo y académico. Mientras algunos rectores y entrenadores la aplauden por devolver el control a las universidades, organizaciones de atletas y defensores de derechos estudiantiles acusan a Trump de politizar el deporte y poner en riesgo los avances recientes en autonomía financiera de los jugadores.

“Este es un intento claro de controlar y despojar de sus derechos a los atletas, muchos de los cuales son jóvenes de comunidades históricamente marginadas”, afirmó la abogada y ex jugadora universitaria Maya Hernandez.

Por ahora, la orden ejecutiva no tiene fuerza de ley permanente, pero ya ha sido acogida por algunas conferencias atléticas conservadoras.