Jordan García no es un criminal cualquiera. Es, con diferencia, el terrorista más buscado del Estado de San Andreas. Líder de la temida organización La Sacra Corona Colombiana, responsable de atentados, secuestros, extorsiones y, más recientemente, del asesinato del oficial Chenlui Lee, Jordan se ha convertido en el rostro del miedo para miles de ciudadanos. Su nombre ya no se menciona solo en despachos policiales: está en boca de todos. Su rostro aparece en todos los dispositivos, interrumpiendo emisiones, infiltrando señales y desafiando impunemente al Estado. Por él se ofrece una recompensa de $600.000. Y, sin embargo, sigue libre.

El Los Santos Police Department (LSPD) ha reiterado en múltiples ocasiones estar “cada vez más cerca” de su captura. Y no dudamos que algo de cierto hay en esas afirmaciones. La caída de varios altos mandos de La Sacra Corona en los últimos meses demuestra un trabajo serio de inteligencia y presión sobre la estructura delictiva de la organización. Capturas quirúrgicas, operaciones complejas, desmantelamiento de células clave… todo eso debe reconocerse. No es poco lo que se ha logrado.

Pero la pregunta que no deja de rondar en el ambiente —la que susurra la ciudadanía entre cafés y redes sociales— es: ¿cómo puede ser que Jordan García siga escapando una y otra vez?

¿Es más astuto que nuestros mejores agentes? ¿Tiene más recursos que toda una fuerza policial? ¿O estamos fallando en algo estructural, estratégico, imperdonable?

No se trata aquí de atacar gratuitamente al LSPD. Sabemos que enfrentan a un enemigo extraordinariamente peligroso, camaleónico, violento. Pero también sabemos que Jordan no se esconde en otra dimensión. Está aquí, en nuestras calles, organizando, sembrando el caos, humillando a las instituciones.

El reciente asesinato del oficial Lee fue un golpe bajo. El hecho de que su ejecución haya sido grabada, editada y difundida hackeando la señal del propio Weazel News fue una bofetada directa a la moral del cuerpo policial y a toda la ciudadanía. Es imposible no preguntarse si algo se está haciendo mal.

Incluso se le vincula con intentos de interferir en las pasadas elecciones a gobernador, lo que añade una dimensión aún más alarmante a sus intenciones: no solo busca el caos, sino también la desestabilización institucional.

Este artículo no es una condena al LSPD, sino un llamado a la autocrítica. A redoblar esfuerzos, revisar protocolos, tal vez incluso admitir que hacen falta cambios. Porque por más avances que se hayan hecho, el objetivo central —Jordan García— sigue fuera del alcance. Y cada día que pasa sin verlo esposado ante la justicia, es un día en el que gana él.

Y eso, sinceramente, es algo que San Andreas ya no se puede permitir.